Todos los indicadores
macroeconómicos parecen apuntar hacia la prosperidad económica de
nuestro país; pero a decir verdad, nada nos hace pensar que las
propuestas del Ejecutivo por mejorar la capacidad del Estado en
planificar sosteniblemente nuestro futuro sean producto de una sesuda
reflexión sobre nuestro pasado, y menos de un claro conocimiento de la
situación en la que nos encontramos actualmente.
Mucho del
celo de nuestros gobernantes del pasado ha estado centrado en proteger
recursos naturales para el futuro, con la esperanza de que en su
momento puedan ser utilizados por los peruanos y para los peruanos; es
decir, de que los peruanos gocemos colectivamente del privilegio que
nos toca por ser propietarios, paguemos menos por ellos o busquemos
beneficios a empleando plenamente a la población en la transformación
industrial con alto valor agregado. Paradigmas o no, estas pautas
guiaron a todos los que han pasado por los diferentes gobiernos y, de
alguna forma, ello ha quedado plasmado en nuestra vasta legislación.
Pero
desde que un "sabio", plenipotenciario y extranjero ex gobernante
desestructuró al Estado socavando sus instituciones, imponiendo la
corrupción como sistema y cambiando la Constitución Política para que
todo le fuera más fácil; se puso de moda la búsqueda de la prosperidad
a partir de la venta de "las joyas de la casa", pretendiendo incluso
enajenar los recursos y servicios más estratégicos para la vida de un
país. Y hasta el momento nadie ha pedido cuentas, bajo el argumento "es
que eso era una dictadura", planteando de esta manera que a las
dictaduras no se les debe pedir rendiciones por sus actos. Pero, acaso
hemos llegado ha determinar, mediante una evaluación, cuánto le ha
costado a los peruanos esa aventura y en qué se ha invertido el dinero
de la privatización. La respuesta es: No.
Luego de un régimen
ilegítimo y de regreso al sistema democrático, con el gobierno del
doctor Paniagua se inicia una fase más peligrosa para nuestro futuro:
grandes y modernas concesiones de recursos naturales fueron otorgadas
con una legislación preparada por Fujimori y que en su momento no fue
revisada y corregida; luego de ello, ya son dos presidentes los que
vienen caminando por este mismo sendero y las cosas no tienen
indicadores de corregirse, sino de empeorarse.
Facilismo, falta
de imaginación, ausencia de visión de largo plazo, o lo que fuera; no
justifican tomar con tanta ligereza nuestro futuro. Debemos hacer un
paréntesis para reflexionar a qué obedece esta tendencia que se viene
observando en el gobierno aprista para entregar tan fácilmente nuestro
patrimonio, considerando que la filosofía partidaria siempre ha estado
más cerca de la nacionalización que de la inversión de las
transnacionales o de la privatización.
Nos preocupa este tema.
No consideramos que la inversión extranjera o la privatización sea lo
peor que nos pueda pasar; de hecho, pensamos que resultaría muy
beneficiosa para nuestro país si tuviéramos un Estado que
verdaderamente cumpla con todos los peruanos y planifique su futuro
sostenidamente; pero nada más lejos de la verdad: nuestros gobernantes
no toman en serio el impacto general que ha producido todo el sistema
de concesiones en los que hemos estado sumergidos los últimos 30 años.
Nuestros
gobiernos no se han mostrado sensibles a evaluar los daños ambientales,
sociales y culturales generados por las empresas concesionarias; ni el
blandengue o inexistente celo del Estado para condicionar las
inversiones extranjeras a estándares nacionales establecidos por
nuestra propia legislación, y menos a las transnacionales para que
apliquen en nuestro país los estándares ambientales exigidos en sus
países de origen. Miremos la minería en Madre de Dios, Puno,
Huancavelica, Pasco, La Oroya, Cajamarca y donde quieran mirar; miren
sus pueblos, sus praderas, sus bosques, su agua, su biodiversidad y su
gente. ¿Qué tenemos? Pobreza, erosión de recursos naturales,
contaminación, descapitalización del patrimonio del país, de las
comunidades; y cada vez más extraños manejando la vida de los locales.
Y si esto parece poco, observen a nuestros gobernantes pretendiendo
reducir Áreas Naturales Protegidas de alta biodiversidad para seguir
concediendo lotes petroleros.
"Un Estado ausente, cada vez más
lejos de cumplir con los elementales derechos del individuo" es la
imagen percibida por las Líneas Base de los Estudios de Impacto
Ambiental (EIA) en todas las áreas en los que se han entregado
concesiones petroleras en la selva peruana. Éste es el Estado que sin
informar a los moradores locales, sin conocer quiénes son, de qué
viven, si tienen algún servicio público o lo demandan; compromete la
parte superficial de territorios ancestrales comunales y privados
individuales, para que su uso y su futuro quede condicionado a los
requerimientos y los impactos que una empresa extranjera determine de
acuerdo a los intereses de su inversión. Y así, en esos lugares las
concesiones quedan reducidas a un "arréglate como puedas con ellos";
con procesos de consultas que son en realidad un check de cumplimiento
procesal y no un deseo de intercambio de opiniones sobre el futuro; y
con un proceso de negociaciones que resulta ser una imposición de
posiciones en la que los moradores locales, desprovistos de todo tipo
de asistencia, terminan aceptando, sin querer, un futuro no deseado,
siempre con una relación tirante con los concesionarios.
Si
esta fotografía de las concesiones les parece una exageración, los
invito a revisar la Auditoría Camisea; los informes de la Defensoría
del Pueblo sobre Camisea, sobre el río Corrientes, sobre el río
Pucayacu, etc.; para comprobar que no es una exageración, sino una
cruda realidad que es nuestra obligación superar con responsabilidad.
Por ello, es indignante comprobar que nuestros gobernantes, lejos de
entender y superar estos inconvenientes en forma definitiva, se
empecinan en negarlos, taparlos y tratar de "enemigos de la Patria" o
"perros del hortelano" a los que observan la ligereza con que se trata
el proceso.
Con un Estado así, es normal que los que nos
sentimos parte de él no deseemos que los gobernantes sigan disponiendo
de nuestro patrimonio con tal irresponsabilidad. Es muy lógico que, por
estas actitudes del gobierno, los ciudadanos sientan amenazado su
futuro; y como consecuencia de ello, prefieran mantener las condiciones
actuales, antes que aceptar las decisiones de los gobernantes acerca
de entregar o privatizar recursos, en la medida en que no se está
decidiendo vender ni entregar los jardines o la propiedad de un
individuo en particular, sino los bienes comunes que nos pertenecen a
todos los peruanos. El haber sido elegido como gobernantes no los
faculta para ello.
¿Y qué decir del tema forestal? No hemos
evaluado con seriedad y detalladamente el impacto generado por el
proceso de concesiones forestales, que va desde el dimensionamiento y
entrega, a cargo del Estado, hasta los impactos generados por la
ejecución de los Planes de Manejo, a cargo de las empresas
beneficiarias. Al analizar el tema encontraremos nuevamente indicadores
sobre la precaria capacidad del Estado para implementar la Ley sobre la
materia: No hemos implementado las instancias que intervienen en los
procesos de control, supervisión y promoción que establece la Ley; de
manera que todo eso funciona por inspiración de una complicada relación
entre los concesionarios y el ente rector. Pero cuando podemos
comprobar que muchas áreas concesionadas han sido entregadas sin ningún
estudio elemental previo para determinar el tipo de recursos que se
entregan, la cosa es más seria: Aquí, nuevamente comprobamos que tales
concesiones han sido entregadas para que finalmente los concesionarios
se acomoden a lo que allí encuentren, incluyendo recursos naturales y
pueblos involucrados.
Sólo un botón para muestra: En las
concesión de Tapiche – Blanco, en Loreto, los beneficiarios no
encontraron especies forestales maderables porque un "pequeño error del
Estado y un poco de mala suerte" hicieron que los lotes se superpongan
con varillales de arenas blancas (un ecosistema preciado, raro, de gran
importancia ecológica y de alta fragilidad). ¿Cómo consiguieron los
concesionarios hacer sus Planes de Manejo Forestal y cómo hizo el
Estado para aprobar estos Planes de Manejo? Eso nadie lo sabe. Pero lo
que sí sabemos es que los señores madereros tuvieron que buscar en
áreas próximas la madera que nunca encontraron en sus lotes; y así los
tractores, las inversiones y los trabajadores de los concesionarios
fueron a parar en la Zona Reservada Sierra del Divisor, donde la tala
ilegal viene convirtiendo esta futura Área Natural Protegida (ANP) en
un gran campo de festín para madereros ilegales, con la total
complicidad del Estado, que éste pretende mostrar como indiferencia,
puesto que todos los funcionarios saben del problema y no ha existido
una autoridad que actúe con sensatez. ¿Y cómo sancionar a
concesionarios estafados por el Estado? ¿Cómo admitir que los Planes de
Manejo son un saludo a la bandera y gozan de la aprobación del ente
rector? Al final, todos hemos perdido: Se ha hecho trizas, mediante
tala ilegal que actúa bajo la mirada contemplativa del Estado, una Zona
Reservada de alta biodiversidad, que constituye un rico patrimonio de
la región Loreto y del país. Esto es sólo una prueba de que con toda la
normatividad puesta a su disposición, nuestro Estado, por la
incapacidad de sus gobernantes, no funciona y no da confianza.
Las
concesiones de reforestación anuladas después de un escándalo pusieron
en evidencia, ante la población, la ligereza con que actúan nuestros
funcionarios y la forma en que proceden los "heróicos" concesionarios
de reforestación que motivaron el caso. A esto se suma la publicación
de la Resolución de Intendencia No. 152-2007-INRENA IFFS, que da por
finalizados los procesos de 324 solicitudes para contratos de
forestación y reforestación, la cual nos hace ver que efectivamente el
proceso de concesiones de reforestación y forestación es en realidad
otra de las cosas que en el Estado no funcionan, y no sólo por falta de
conocimiento o de instrumentos técnicos, sino porque se toma con mucha
ligereza -por decir lo menos- el mandato de la Ley; pues con una Ley
muy clara se concedieron lotes de reforestación en territorio prístino,
el cual no necesita reforestación. La pregunta es: ¿Con qué intención?
Tomando
en cuenta todos estos antecedentes, ¿cómo entender a nuestros
gobernantes cuando proponen, ya no conceder, sino entregar en propiedad
superficies del territorio nacional para que con inversión privada se
puedan reforestar o forestar, si tenemos un Estado que no sabe si lo
que quiere dar en propiedad en la amazonía le pertenece a alguien, o es
efectivamente propiedad del Estado? Por ejemplo, muchas de las miles de
hectáreas deforestadas en la selva peruana han pasado por proyectos de
colonización dirigida y/o espontánea promovida por el propio Estado
peruano; sólo es necesario mirar un mapa satelital y ubicar áreas
deforestadas para poder comprobar que éstas están donde el Estado
propició colonizaciones fracasadas y que en muchos casos se superponen
ahora con zonas de narcotráfico. Estos antiguos proyectos de
colonización adjudicaron las tierras a campesinos procedentes de otras
regiones naturales que jamás contaron con apoyo del Estado para
entender la dinámica de la sostenibilidad agraria de las tierras
amazónicas; si revisamos esos procesos, nos encontraremos con la
sorpresa que en su momento las áreas deforestadas fueron calificadas
como Tierras Agropecuarias y muchas de ellas fueron adjudicadas por el
Estado.
Conocer o reconocer esta situación es un proceso tan
complejo como el reto de sanear nuevamente la propiedad rural en el
Perú o evaluar el potencial conflicto de intereses que esto traería
consigo, lo que se evidenciaría en su momentoPero como el gobierno
tiene la disposición de imponer esta voluntad política por encima de
todo, habrá que hacerlo de la mejor manera posible a pesar de las
cincunstancias. Sin embargo, ¿qué haremos con las cosas pendientes?,
¿qué haremos con el reclamo casi eterno de los pueblos indígenas a
quienes el Estado, a pesar de toda una gama de normas nacionales,
convenios internacionales suscritos de buena fe y la propia
constitución que reglamentan al respecto, no ha cumplido con reconocer
en propiedad sus territorios ancestrales? ¿Les seguiremos diciendo que
no hay presupuesto para atender sus reclamos de títulos de propiedad
que les permitan dejar a salvo sus derechos en las relaciones con las
concesionarias; o seremos tan "sinceros" en relación a los indígenas
aislados, como lo son los altos funcionarios del Estado -en especial el
presidente de Perúpetro- en hacer que se enteren de una buena vez que
ellos han estado sólo en la mente de los antropólogos, pero que en
realidad "no existen".
Con voluntad o sin ella, el Estado ha
estado timando a nuestros pueblos tradicionales desde hace muchos
años; y, si ahora está pensando en una subasta del territorio nacional,
es tiempo de saldar cuentas. La Ley de Comunidades Nativas y de
Desarrollo Agropecuario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva (D.L.
20653), ahora derogada, disponía entregar en propiedad y de oficio los
títulos de propiedad de la totalidad de los territorios ancestrales, e
incluso reivindicarlos si se encontraban en manos de terceros. Más
adelante, la nueva Ley D.L 22175, vigente en la actualidad, establece
lo mismo, pero incorpora el Artículo 11°, que limita el derecho de
propiedad del territorio comunal reconocido solamente a las tierras
agropecuarias y establece la modalidad de cesión en uso para entregar
las tierras forestales. Durante muy poco tiempo estas cesiones en uso
fueron entregadas por la ex Dirección General Forestal del Ministerio
de Agricultura, pero desde 1992, año en el que el ex Proyecto Especial
de Titulación de Tierras (PETT) se hace cargo de la titulación de las
comunidades, y desde que INRENA aparece en escena, es evidente que la
política fue nunca más entregar los Contratos de Cesión en Uso de las
tierras forestales.
Muchos reclamos han sido efectuados ante
las diferentes instancias del Estado, por organizaciones indígenas y
ONG´s que han acompañado estos procesos. ¿Y qué se ha determinado de
todo eso?: Que hay una clara posición de los funcionarios del INRENA,
las Direcciones Regionales Agrarias del ex-PETT, y otros organismos del
Estado involucrados, de no querer asumir quién debe otorgar los
Contratos de Cesión en Uso; y aun cuando la Secretaría del Ministerio
de Agricultura determinó en el 2004 que es el INRENA quien debe
encargarse de ello, hasta ahora nadie toma acción, y en lo que va del
proceso, el Estado no cumple con entregar las tierras forestales en más
de 7 millones de hectáreas a comunidades que aparecen en los listados
como tituladas, pero que en realidad no pueden ejercer plenamente sus
derechos porque el Estado "no sabe" cómo se hace o quién debe hacerlo.
Y en el caso de las comunidades más remotas, a las cuales el Estado no
ha reconocido ni titulado, ¿quién las atenderá y cuándo? Si en 34 años
de aplicación de la Ley de Comunidades Nativas se ha avanzado con 1000
comunidades, es decir, un promedio de 29 por año, ¿cuánto tiempo
llevará a nuestros gobernantes sanear lo pendiente y concluir con la
titulación de unas 350 comunidades nativas que faltan ser tituladas? El
cálculo nos indica que serían unos 12 años. ¿Podrá la COFOPRI concluir
este trabajo en cuatro años -además de todo el trabajo pendiente en
cuanto al catastro territorial- como argumenta el Ejecutivo con la
nueva propuesta de ley para entregarle facultades extraordinarias.
Es
muy urgente sanear los pendientes con las comunidades nativas de
nuestra amazonía, reconociendo y entregando la propiedad de sus
territorios ancestrales sin ninguna discriminación por las clases de
tierras. Este tema técnico, que nunca tuvo ninguna justificación, debe
ser abolido definitivamente, a la luz de un mejor conocimiento de la
forma en que los pueblos indígenas han sobrevivido en su medio, sin
olvidar nunca que es gracias a ellos que las áreas deforestadas en la
selva no aumentan con la velocidad con que seguramente lo harían si
dichos pueblos no estuvieran allí para resguardar este patrimonio.
Por
desconocimiento o por improvisación de nuestros gobernantes, estamos en
una gran ola que la voluntad política orienta hacia la subasta del país
como si ésta fuera el mejor camino para consolidar una economía más
fuerte y más próspera. Pero, ¿cuál es el apuro?; si no sabemos qué
haremos con los recursos que obtendremos por la venta y menos aún
tenemos un cálculo serio del costo-beneficio de la decisión, pues no
existe una planificación a largo plazo porque no hay un ente que la
diseñe. Estamos subastando lotes petroleros en todo el país,
concediendo todo lo que podamos como en una gran competencia universal
por una medalla; pero no tenemos una estrategia nacional para
sustitución de energía en el mediano y largo plazo. ¿En qué
invertiremos los recursos generados por el petróleo, el gas, las
tierras, los bosques, etc.?
El CEDIA ha creído oportuno y
conveniente poner en debate el tema de las concesiones y las ventas de
recursos naturales a travez de su portal electrónico Tsiroti.com,
porque consideramos que es un asunto sobre el cual no debe sustraerse
ningún peruano, ya que toca directamente la seguridad de una vida
futura digna para todos. Ésa es la intención de este material que
ahora les entregamos. Discrepen, coincidan, propongan, descalifiquen,
pero no se mantengan callados; porque el silencio siempre ha protegido
lo injusto. Todos debemos promover y priorizar el fortalecimiento de la
capacidad del Estado para que realmente cumpla con su rol de proteger
al ciudadano, a sus recursos naturales, a su patrimonio cultural; y
para que haga que las leyes se cumplan. Si seguimos en este sendero,
los peruanos y las peruanas continuaremos pagando el combustible más
caro del mundo, con las repercusiones que esto tiene en la composición
del costo de vida; luego, nuestros hijos e hijas o nuestros nietos y
nietas -siendo también peruanos y peruanas- vivirán en un Perú
perfectamente ajeno, sin recursos, sin esperanzas; y siendo hoy el Perú
uno de los 12 países más mega diversos del planeta, tendrán que ir en
viaje de ecoturismo a Costa Rica para observar biodiversidad.
Escribe: Lelis Rivera, Director de Tsiroti.com
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