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Poder Ejecutivo propone un cambio a la ley anticomunera

Conferencia de prensa de las organizaciones firmantes en la contrapropuesta enviada al Gobierno, frente a la propuesta de modificar el inciso b) del artículo 10, presentado por el Ejecutivo. Foto: Lizbeth De La Cruz.

El Poder Ejecutivo envió el 26 de junio una propuesta a diversas organizaciones comunales para volver a modificar el literal b) del artículo 10 de la Ley 26505, ya modificado por el actual Decreto Legislativo 1015 o Ley Anticomunera. La propuesta ha sido rechazada por las organizaciones campesinas y nativas, que han elaborado una contrapropuesta donde exigen derogar el DL 1015 y proponen realizar una consulta a las comunidades para luego presentar una propuesta legal al Congreso de la República.

Lo que propone ahora el Ejecutivo es que para disponer de las tierras comunales ya no se requiera “el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la Asamblea instalada con el quórum correspondiente”; sino “el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los comuneros posesionarios con más de un año”. Esto modificando el inciso b del artículo 10 de la ley 26505, modificado anteriormente por el vigente DL 1015, emitido el 20 de mayo del 2008. Es decir:

Decreto Legislativo 1015:

Artículo 10 – Literal b) Para la adquisición en propiedad por parte de miembros de la comunidad no posesionarios o de terceros así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de disposición sobre las tierras comunales, se requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la Asamblea instalada con el quórum correspondiente.

Nueva propuesta del Ejecutivo:

Artículo 10 - b) Para la adquisición en propiedad por parte de miembros de la comunidad no posesionarios o de terceros así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de disposición sobre las tierras comunales, se requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los comuneros posesionarios con más de un año”.

Sin embargo, el documento presenta terminología dudosa, ya que habla de “comuneros posesionarios”, cuando comunero es una cosa y posesionario otra completamente distinta. Los comuneros son aquellas personas que son miembros de una comunidad de acuerdo al estatuto de la misma; mientras que los posesionarios son personas que ocupan territorio comunal, pero que no son miembros de la misma de acuerdo a su normativa. Una mala interpretación de la nueva propuesta del Ejecutivo podría darle poderes a los posesionarios para decidir sobre las tierras de los comuneros, creando conflictos entre ambos grupos. Además, se estaría atropellando la potestad que tienen las comunidades para normar estos aspectos de su organización.

Ante esta nueva propuesta del Poder Ejecutivo, el mismo jueves 26 de junio y en las instalaciones de Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), se reunieron diversas organizaciones campesinas y nativas y acordaron presentar una contrapropuesta, la misma que al finalizar dicha reunión fue enviada al presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo. Dicha contrapropuesta señala lo siguiente:

CONTRAPROPUESTA DE LAS ORGANIZACIONES:

Las organizaciones campesinas e indígenas establecieron en la contrapropuesta que:

Primero: La derogatoria del Decreto Legislativo 1015 y del DL 994, así como iniciar un proceso de diálogo con todos los gremios agrarios.

Segundo: En un plazo de 120 días naturales, cumplidos a partir de la fecha, se debe iniciar un proceso de consulta a las comunidades campesinas y nativas, tal como los establece el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, a fin de elaborar propuestas en favor de estas comunidades.

Tercero: La propuesta o propuestas, una vez cumplidos los requisitos según el artículo anterior, serán elevados al Congreso de la República para su debate y aprobación.

Cuarto: Respaldar la Acciones de Inconstitucionalidad contra el DL 1015, presentadas por la Defensoría del Pueblo y por un grupo de congresistas de la República ante el Tribunal Constitucional.

La organizaciones firmantes de la contrapropuesta ofrecieron una conferencia de prensa ayer 27 de junio en las instalaciones del local de la Confederación Campesina del Perú (CCP), con el propósito de explicar a toda la prensa lo propuesto por el Gobierno, y hacer énfasis en que fue Jorge Del Castillo quien mandó llamarlos con el fin de evitar el paro del 8 y 9 de julio próximo, además de dialogar y de presentarle dicha propuesta que al parecer presumió sería aceptada.

FIRMANTES DE LA CONTRAPROPUESTA:

• Confederación Nacional Agraria (CNA)
• Confederación Campesina del Perú (CCP)
• Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)
• Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI)

DECLARACIONES:

Representante de la CCP: "CCP no ha hecho eco a las declaraciones realizadas en los periódicos y otros medios de comunicación, con el tema del paro que serealizará el 8 y 9 de julio, porque los medios están comprometiéndonos diciendo que hemos firmado un acta. Esto es totalmente falso. Lo que sí es cierto es que asistimoa a una reunión interna en la Convención Nacional de Agro Peruano (CONVEAGRO). Eso no tiene nada que ver con el paro a realizarse el 8 y 9 de julio."

El Presidente de CONACAMI, Mario Palacios, señaló que "en nuestras reuniones no hemos coordinado ningún tema con respecto al paro del 8 y 9 de julio". Además exigió que el Congreso de le República archive varios proyectos de ley, entre los que se encuentra el Proyecto de Ley 840, también llamado Ley de la Selva; los PL 1770; 2133; 1900; pues son proyectos de ley que intentan revisar los títulos de propiedad que las comunidades tienen, lo que considera es un grave atentado contra las propiedades de las comunidades.

Escribe: Lizbeth De La Cruz

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