TSIROTI: Periodismo especializado hecho por el CEDIA

Conclusiones del foro “Decretos Legislativos en la Perspectiva del Perro del Hortelano”

Se espera que el Congreso de la República realice el control de la constitucionalidad de los decretos legislativos y que garantice el derecho de propiedad de los propietarios rurales individuales y comunales. Tabla: Carmen Pasión.

En el foro “Decretos Legislativos en la Perspectiva del Perro del Hortelano”, realizado el 24 del Julio del presente, representantes de las diferentes organizaciones invitadas concluyeron que en la creación de estos decretos no hubo consenso al momento de elaborarlos ni tampoco ningún tipo de participación de la sociedad civil, además de no respetar los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT; quedando en la espera de que al momento de reglamentar estas normas se tomen las medidas necesarias para proteger nuestro territorio, sus recursos y las comunidades nativas y campesinas.

Fueron muchas las instituciones invitados a expresar sus diferentes perspectivas sobre estos decretos, coincidiendo la mayoría en que estos reglamentos no tenían relación alguna con la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, siendo el propio Congresista Víctor Mayorga, ex presidente del Subgrupo de Control Político de la Comisión de Constitución del Congreso y expositor en el foro, quien calificó de “antimazónicos” a estos decretos legislativos.

Carlos Monge, representante del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), señaló al respecto que ”un 25% de las normas no tienen nada que ver con la implementación del TLC” y sugirió que “el Congreso es quien debería analizar estos decretos junto con los Gobiernos Regionales y locales, como medida de reacción y prevención para un mejor ordenamiento territorial de los recursos de sus territorios”.

Al publicar estos decretos legislativos, el Ejecutivo argumentó que tenía como objetivo fomentar la inversión privada en nuestro país, pero lamentablemente con estas normas sólo se estaría facilitando los requisitos a los grandes inversionistas privados. Sobre esta posición del Estado, Monge indicó que “los pequeños inversionistas, como las comunidades o campesinos, no formaban parte de este discurso, porque cuando se refiere a normas pro inversión, sólo se estaría refiriendo a los inversionistas que producen millones, mas no a los micro productores como los campesinos, a pesar de que es responsabilidad del Estado, del Presidente considerar a los micro productores como inversionistas privados. Sin embargo, con esta política no se piensa en ellos, no se apuesta al desarrollo con ellos; por el contrario se está pensando en un desarrollo sin ellos”.

Otro de los temas que fue analizado en el foro fue el Decreto Legislativo 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sobre el que coincidieron los expositores que fue realizado sin la participación de las autoridades regionales, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, sobretodo de los que viven en las zonas de la amazonía. Asimismo señalaron que este Gobierno debería fortalecer el control en los bosques, controlar la tala ilegal, proteger las poblaciones que viven en la zona; pero estaría haciendo lo contrario al promulgar estas normas.

Al respecto, Milagros Sandoval, representante de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), indicó que este decreto estaría afectando a poblaciones que no tienen ni voz ni voto. “En este caso se tendría que considerar si efectivamente se estaría cumpliendo con los requisitos del anexo forestal del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en cuanto a la transparencia del otorgamiento de derechos sobre los recursos forestales. Asimismo debemos saber que en estos decretos no se estaría contando a las poblaciones de los ribereños, que ni siquiera están reconocidas dentro de este marco de Ley Forestal, e incluso no están consideradas para el otorgamiento de derechos, lo cual dentro de la iniciativa del mercado estaría excluyendo de esta zona a poblaciones que ocupan estas áreas”.

El Decreto Legislativo 1089, que otorga facultades extraordinarias al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) para titular predios rurales, fue analizado por la representante de la Confederación Nacional Agraria, Nora Pérez, quien señaló que este decreto es inconstitucional porque se estaría dañando a las comunidades, al darle a COFOPRI demasiadas facultades para decidir sobre la titulación de predios rurales.

“Es un decreto que hace daño a las comunidades, porque brinda a COFOPRI demasiadas facultades para decidir sobre la titulación individual de predios; además no se estaría tomando en cuenta que estos criterios pueden afectar a las comunidades, llegando al extremo de darle inseguridad jurídica a las inscripciones registrales, porque las tierras que se encuentran inscritas en los registros públicos tienen seguridad jurídica y deben ser respetadas, pero esta norma le da a COFOPRI la facultad de poder transgredir esa seguridad jurídica”; indicó Pérez.

Por último, en cuanto al tema de titulación de predios, el Estado no estaría tomando en cuenta el valor ancestral de los territorios para las comunidades nativas y campesinas, sino solamente el valor económico dentro del mercado.

Escribe: Carmen Pasión